Ricard Vinyes es historiador de la Universidad de Barcelona y autor de Irredentas, las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas. En esa investigación de 2002 denunció el robo de niños de padres republicanos por parte de la dictadura que gobernó España entre 1939 y 1975. Estos hechos, aun con todas las diferencias que se exponen en la entrevista, aparecen como un claro antecedente de la apropiación de bebés por parte de la última dictadura argentina.
Vinyes relató el plan sistemático tendiente a quitar a los niños de sus hogares para reeducarlos en la moral franquista intentando, como aquí, exterminar las ideas del enemigo.
-¿Cómo llegaste a la conclusión de que hay miles de niños perdidos en la época del franquismo?
-Yo no me planteé estudiar en ningún momento desapariciones o pérdidas infantiles porque en España no había ningún tipo de conocimiento de que eso hubiese sucedido. Llevaba años en el oficio de historiador y ni yo ni mis compañeros de profesión teníamos idea. En el año 99, estudiando la prisión política femenina durante la dictadura, encontré en los archivos de las cárceles de mujeres algunos datos que era incapaz de comprender, como la presencia de niños y niñas en las prisiones cuyos ingresos no constaban en los libros de registro. Si en lugar de las cárceles de mujeres yo hubiese ido a las de hombres, con eso no me hubiese encontrado nunca.
Penetrando cada vez más en la documentación, comencé a darme cuenta de que realmente lo que allí estaba sucediendo era un proceso de desaparición. A mí me gusta más llamarlo de pérdida, porque a pesar de que había algunas desapariciones físicas, lo que sucedía era que aquellos niños eran separados de sus madres por funcionarios del Estado. En algunos casos cargaban a los niños en un convoy ferroviario y se los llevaban sin comunicar hacia dónde.
Por las cifras que iban llegando a mis manos es que comencé a ver que no era accidental sino que formaba parte de un proyecto: tenía un discurso teórico que era la obra del psiquiatra militar Antonio Vallejo Nágera; se crea expresamente una institución con la finalidad de demostrar que los republicanos eran incapaces de formar a sus hijos; y a partir del año 40 un ordenamiento jurídico que permitía el proceso de segregación de los hijos de sus padres.
Los niños podían permanecer en las cárceles sólo hasta los cuatro años. A partir de ese momento iban directamente al Auxilio social, centros de internación o centros religiosos. Una de las diferencias con Argentina es que aquí no está claro, ni mucho menos, que fuesen dados en adopción. Hay indicios, pero no base documental, precisamente porque no se ha podido entrar al archivo del Tribunal de Menores. Esos niños no han sido entregados a familias, al menos por lo que sabemos documentalmente, lo que podemos afirmar es que fueron internados en centros del Estado y en conventos. Es otro camino y otro mecanismo.
Mientras la propaganda del régimen afirmaba que las familias no perdían la tutela de sus hijos, un decreto de noviembre de 1940 expresaba lo contrario.
-¿Qué pasaba con las embarazadas en prisión y con sus hijos nacidos en cautiverio?
A las embarazadas que ingresaban en prisión, si estaban condenadas a muerte, se les aplicaba la ley que disponía que la sentencia no debiera ejecutarse hasta dar a luz, inmediatamente después eran fusiladas y los hijos eran ingresados en centros del Auxilio Social o de la Iglesia. Sin embargo hay casos documentados (por ejemplo en la cárcel de mujeres de Zaragoza, Torreros) en las que diversas mujeres eran igualmente fusiladas a pesar de haber declarado su embarazo. Aquellas mujeres que sin estar condenadas a muerte tenían su hijo en prisión eran trasladadas a la Cárcel de Madres lactantes, en la que tan sólo podían estar con sus hijos dos veces al día. Los recién nacidos permanecían en unas condiciones de insalubridad que provocaban continuas muertes.
-Aquí la dictadura actuó clandestinamente, pero allí estas cosas ocurrían a la luz del día.
-Yo creo que en buena medida la Junta militar argentina aprende del caso español y opta por la clandestinidad. En el caso español el Estado proclama y presenta como un modelo que está haciendo: transformar a los malvados rojos en gente decente. Con los rojos no puede hacer nada, pero con los hijos sí. Ese es el discurso de Vallejo Nágera y esa es la perversidad. El Estado es el gran benefactor y lo que va a hacer es educar como buenos españoles a esos muchachos cuyos padres poseen una naturaleza degenerativa hacia el mal. Eso afirmaban las investigaciones de Vallejo Nágera, un hombre cercano a Franco, con gran poder en la estructura del régimen, es el psiquiatra más importante en España en aquellos momentos, incluso en 1960 presidirá el Primer Congreso de Psiquiatría celebrado en París.
Con una base empírica absolutamente banal, plantea que existe una raza española, la hispanidad, que a lo largo de los siglos se ha ido deteriorando a medida que el país se iba democratizando. A diferencia de los biologistas alemanes, franceses o británicos, no tiene un origen genético porque, claro, su religión se lo prohíbe, sino que tiene un origen cultural en que el ambiente es determinante. Argumenta con unas investigaciones que efectúa con presas de la cárcel de Málaga y también con brigadistas internacionales (entre los cuales hay algunos argentinos, por cierto), pero sobre todo con las mujeres, que cuando la mujer participa en política se delata dentro de ella una tendencia hacia la perversidad. De ahí la teoría de Vallejo: lo que se tiene que hacer es separar a los pequeños de las madres. Segregación total para que no haya transmisión.
Eso es lo que inspira o ampara las tres leyes que posteriormente el Estado promulga en 1940 y 1941 y comienza la gran operación no solamente en España sino también persiguiendo a los hijos de los exiliados por todas partes.
El Estado se enorgullece de lo que está haciendo. Publica las listas de muchachos que han sido recuperados de la cárcel. Y es gracias a eso que se ha podido hacer un inventario no de los nombres pero sí de las cifras de los centros religiosos o del Auxilio Social donde ha habido niños con esa procedencia.
-¿De qué cantidad de niños estamos hablando?
Es también muy difícil hacer el cálculo de la totalidad. Solamente disponemos de las informaciones que daba el mismo Estado. Según sus datos en 1942 se hallaban tutelados en centros religiosos y establecimientos públicos 9.050 niños, la mayoría de ellos procedentes de las prisiones donde habitaban con sus madres y de las que fueron separados sin autorización o con engaño ( la revista de prisiones “Redención”, siempre afirmó que las familias no perdían la tutela, mientras que el Decreto de noviembre de 1940, en su artículo 5º expresaba que “las instituciones de beneficencia ostentarán , a todos los efectos pertinentes, el carácter de tutor legal de los mismos, entendiéndose deferido dicho título por el simple hecho de poner los menores bajo su cuidado”).
Un año después, en 1943, la cifra había ascendido a 12.042. En 1945, una nueva institución, el patronato de San Pablo, asumió la gestión de los hijos de las reclusas, alentando, según el Reglamento de la propia institución “las bien probadas vocaciones religiosas”. Entre 1944 y 1954 el Patronato de San Pablo gestionó 30.960 niños y niñas tutelados por el Estado y recluidos en 258 centros, en la mayoría de casos chicos y chicas estaban relacionadas con el universo penitenciario en el que se hallaban sumergidos sus padres.
Todos los que estuvieron ingresados en centros religiosos o del Auxilio Social sufrieron la reeducación falangista, y en general debe tenerse en cuenta que, con excepciones, esa fue la intención de toda la enseñanza pública hasta inicios de los años cincuenta.
-En tu investigación detallás las cualidades que había que tener para obtener la tutela legal: personas “irreprochables desde el punto de vista ético, religioso y nacional”.
-Claro, era evidente que los que estaban en la cárcel no cumplían con esas condiciones. Por lo tanto muy difícilmente podían recuperar la tutela de su hijo. Aunque debo decir que la norma esencial del régimen, como de cualquier dictadura, es la arbitrariedad. Entonces uno se encuentra con todas las variables posibles: desde el que, aunque no es ética o políticamente irreprochable, no se sabe por qué, le devuelven la tutela del crío; hasta el que, sin ninguna causa pendiente, se la deniegan; pasando por toda una gama de particularidades. En la práctica de la ley me he encontrado con todo lo posible. Ya se sabe: en esos regímenes, la influencia o la obtención de algún determinado favor podía posibilitar una cosa u otra.
-Nos sorprendió mucho, cuando llegó a nuestras manos tu investigación, el titulo Irredentas, que nos remite a algo del universo religioso. ¿Por qué?
No es una cuestión religiosa. El título es muy pensado. Irredentas se refiere a que el elemento central de toda la política del Estado para con las mujeres y con los hombres, pero especialmente con las mujeres, era redimir. Incluso la misma publicación que hacia el Estado para los centros penitenciarios de hombres y mujeres se llamaba precisamente Redención. La idea de redención por parte del Estado franquista consistía en considerar que todos los republicanos, o no solamente los republicanos sino posteriormente, ya instalada la dictadura, todos aquellos que formaban parte de la resistencia o eran desafectos al régimen, eran culpables de lo que había sucedido en la guerra: eran culpables de la desestructuración del Estado. Eran culpables absolutamente de todo por lo cual el Estado, considerado como un gran benefactor, tenía por función redimirlos.
Es precisamente por el fracaso parcial de esa política de redención que yo titulé el libro Irredentas, contando que si bien debe reconocerse que la mayoría de esas mujeres han quedado destrozadas en su vida, había también un núcleo importante de mujeres que fueron irredentas; es decir, todo el poder del Estado no pudo nada con ellas.
-¿Cuál fue el papel de la Iglesia Católica?
-A menudo se dice que la Iglesia Católica Romana fue cómplice de la dictadura; en realidad, la Iglesia Católica es la dictadura. Hace funcionar los centros penitenciarios. Está presente en la rebelión militar para recuperar el poder que había perdido con la secularización del país durante la República. Es imposible entender el funcionamiento de la dictadura del General Franco sin comprender el funcionamiento de la Iglesia.
-¿Es posible pensar que muchos de estos niños hoy sean sacerdotes o monjas?
-Precisamente. En los centros religiosos les explicaban obsesivamente que ellos procedían de familias de asesinos y que para redimir los pecados de sus padres debían ingresar en la orden religiosa de acogida. Y eso es lo que hicieron muchos. Hay testimonios de madres que al ir a buscar a su hijo lo encuentran vestido de sacerdote.
-¿Qué pasó con el caso de los niños que fueron exiliados a las colonias republicanas?
-En los últimos momentos de la guerra toda la información y los archivos de las colonias republicanas cayeron en manos del ejército rebelde, que entró en conocimiento de todos los niños que estaban exiliados en colonias por Europa principalmente, pero también en México y Guatemala. Entre 1941 y 1943 pero incluso hasta 1949, el Servicio Exterior de Falange española comienza a localizar a los pequeños que, desde las colonias, habían sido acogidos en familias de simpatías republicanas para no regresar a España ya que sus padres están en la cárcel, han sido fusilados o, simplemente consideran que están mejor fuera que dentro. Intenta que regresen a España a través de la Cruz Roja, que se negará rotundamente por no contar con la autorización de los padres ni el consentimiento del menor. Entonces recurre a una acción delictiva: agentes españoles actuando clandestinamente realizan un rapto. Desde Holanda, por ejemplo, se le monta en un barco; desde Marruecos se le da a un guardia de frontera y se regresa al menor a España. Una vez allí, no va a sus padres: va a los centros de internación del Auxilio Social o la Iglesia, que además cobrará bastante dinero por tener a esos niños albergados en sus conventos. Incluso se intentaron algunas operaciones de ese estilo en México y Guatemala que afortunadamente salieron mal. Lo que se hizo con luz y taquígrafos fue la organización del retorno legal de algunos muchachos por ejemplo desde Inglaterra o en algunos casos de Francia o años después desde Rusia. Eso fue una propaganda para el régimen.
-Sorprende el silencio que hay en España en torno al tema, y que las organizaciones a las que pertenecían muchas de las madres no hayan denunciado los hechos.
-Les debo confesar que el primer sorprendido fui yo. Lo que ha existido no es un silencio o un olvido sino una privatización de la memoria. Cada mujer sabía lo que le había sucedido a ella, pero no sabía lo que había sucedido en la otra punta de España; es decir: conocían los hechos pero no conocían la historia, no conocían el relato. También se debe tener en cuenta que todo eso sucede especialmente entre 1939 y 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando España desaparece del mapa para la prensa internacional.
Sólo en la región militar de Barcelona, entre 1939 y 1975, se conservan los sumarios de 111.000 consejos guerra. Teniendo en cuenta que en cada sumario hay una media de treinta personas, pongamos por caso, eso nos da una magnitud de la represión impresionante. El país pasa por los tribunales militares. Medio país está contra el otro medio, por lo tanto en ese entorno se ha podido hacer de todo y lo más importante: yo sé lo que me sucede a mí, pero no sé lo que le está sucediendo al de la otra punta de España; y eso es lo que sucedió con las mujeres. Las mujeres comienzan a salir de la cárcel paulatinamente en los años 50 y 60 pero no cuentan. O les sucede como a quienes habían estado en campos de concentración: cuando comienzan a contar las condiciones de la cárcel no se les cree. Después de las primeras elecciones democráticas en nuestro país ese no es tema. La sociedad española ha estado muy vapuleada y a los que en aquellos momentos teníamos veinte años y algo no se nos comunica nada de todo eso. Sabíamos que había habido detenciones, torturas, fusilamientos, consejos de guerra, pero hijos separados de sus familias no. Eso nunca fue transmitido.
-¿En qué estado están todas estas investigaciones luego de la sanción de la Ley de Memoria histórica que repara a las víctimas pero además implica una apertura a nivel judicial?
-El Juez Baltasar Garzón tomó esta investigación junto con la de las fosas comunes, pero la Audiencia Nacional lo obligó a entregar las causas a siete juzgados regionales. Lo que todos creemos es que esa descentralización diluye la cuestión porque va a depender del criterio singular de cada juez para decidir; pero, además, en estos temas, la imagen exterior de España se ha centrado en las fosas comunes, que es un tema propio de guerra, lo cual políticamente es muy práctico para hacer poco. Eso, lo que permite, es focalizar toda la discusión y el debate en la guerra, lo cual para la derecha, o incluso para alguna izquierda que no quiere ni oír hablar de eso, permite hacer la versión española de lo que en Argentina se llama la memoria completa: todos eran culpables, todos eran causantes del problema, entonces olvidamos los 40 años de dictadura. En esos cuarenta años estaba claro que había uno que daba palos y otro que recibía, no había dudas. Evidentemente está muy bien que de una vez por todas se comience a trabajar e investigar en el tema de las fosas, por supuesto, pero la utilización que se ha ido haciendo de ese tema, en la práctica, ha permitido levantar una niebla sobre todos los años de la dictadura. Además, queda la teoría de que la muerte nos iguala a todos, que las causas de la muerte no son importantes, que lo único que es importante es la piedad. Y es por piedad, no por ética política, por lo que se desentierran, se exhuman o se averiguan fosas. A mi modo de ver ese es un mal camino, porque continúa con el problema de la privatización de las memorias. Además la Ley de Memoria Histórica remite la investigación de fosas a los municipios y ese debería ser un tema de Estado y que el Estado garantizara en primer lugar hacer un mapa de fosas, pero que quién pida una exhumación y aporte unas mínimas pruebas, el juez, por mandato del Estado, actúe. Aquí no: lo que está sucediendo a partir de la ley es esto: este es un tema que le afecta a usted como ciudadano pero que no nos afecta a todos los ciudadanos. Para mí ese es el peor problema que tiene en estos momentos nuestro país en esa temática de recuperación de la memoria democrática.
-¿Qué rescatás de la experiencia argentina?
-La velocidad y la eficiencia con la que se hizo el archivo (de la Conadep) es para aplaudir, es impresionante. Paulatinamente los gobiernos argentinos han tenido una actitud muy positiva. Yo estuve ahí cuando el gobierno de Cataluña me encargó un informe sobre qué tipo de política de memoria debería realizarse en nuestro país, en Cataluña, no puse al modelo argentino como un modelo a repetir por las diferencias, pero sí ponía como ejemplo la decisión ética de parte de las administraciones que tenían responsabilidad en el tema y la eficiencia en los archivos, que es en lo que nosotros estamos faltos: nuestros archivos son un auténtico desastre. Por ejemplo, si bien por ley los presos políticos pueden pedir una indemnización, el problema ha sido encontrar la documentación que se les exige para que la puedan obtener. Un porcentaje elevadísimo de gente te ha quedado sin obtenerla a causa del caos que hay. Mi impresión en la Argentina ha sido, al menos en los últimos años, de concreta eficiencia; en cambio en nuestro caso ha sido un discurso global que no ha ido acompañado de esa eficiencia porque, sinceramente, tengo mis dudas sobre la voluntad política. El ejemplo que encuentro es el de La Plata. Cuando encontraron los archivos de la Policía, el gobernador ordena que tengan que ser inventariados. Eso es una decisión profundamente democrática. Ese es el tipo de decisiones que están haciendo falta aquí. Tengo alumnos que están haciendo cursos de doctorado y se les impide entrar a ver los archivos del Gobierno civil de Barcelona. Nos tenemos que pelear y podría citar otros ejemplos de presentación de permisos y no hay manera.
En nuestro caso se anda siempre con pies de plomo. No digo que deba andarse con brutalidad y sin reflexión en absoluto, pero sí teniendo un principio ético que es el de reivindicar como base moral del país de la democracia los esfuerzos por conseguir esa democracia. Y eso significa tomar una opción. Nosotros vindicamos como patrimonio político de la democracia española a esa gente. No solamente los republicanos, sino también la resistencia a la dictadura.
-¿Podrá conocerse toda la verdad luego de tantos años?
-Cuando me llamó el Juez Garzón (que llevaba las causas hasta la descentralización) para ratificar los contenidos del libro le dije que era muy escéptico, que lo veía muy difícil o prácticamente imposible. Las fosas están en un sitio concreto: son algo tangible. Es como sucede en Argentina en torno de los Centros Clandestinos de detención: es algo que está ahí y se puede decir qué hacer con ellos; en cambio, con el tema de los niños eso no es así. Nadie sabe nombres. No sabemos dónde estuvieron concretamente. Tenemos rastros. Hay historias. Están comenzando a aparecer relatos.
Conseguir averiguar dónde están, dónde fueron a parar, qué ha sido posteriormente de su vida es muy difícil. Eso se ha podido hacer con algunos que, a partir de esa investigación o de algún programa de televisión, se han dado a conocer o porque en una entrevista uno te lleva a otro. A una de esas mujeres cuando yo la entreviste tenia creo que sesenta años y fue la que primero me contó. Gracias a ella comprendí muchísimas cosas. Me contó que todavía recordaba como la sacaron de la cárcel a sus cuatro años. Separándola de su madre la montaron en un tren y la mandaron hacia una estación desconocida de Madrid. Claro, rastrear documentalmente esto hoy, con la imposibilidad de acceso a esos archivos es imposible. Pero tenemos un problema de documentación gravísimo, han transcurrido muchísimos años y se nos niega el acceso en los archivos del tribunal tutelar de menores en nombre de la protección del niño, a pesar de que estos niños tienen setenta años o más.
Todos los audios de la entrevista.
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Los testimonios que acompañan la entrevista pertenecen al documental "Los niños perdidos del franquismo" de Montsé Armengou y Ricard Belis.
